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Juez Nayarita deja a delincuentes en libertad

Por: Martín Sánchez & Lenin Guardado

 Un gran enojo y mucha sospecha es lo que está provocando la juez de oralidad, Sandra Sánchez Covarrubias, del Poder Judicial de Nayarit, debido a que está dejando en libertad a varios presuntos delincuentes que tienen que ver con desvíos de grandes cantidades de dinero o que están señalados en casos sumamente difíciles porque en ellos hay fortunas en juego.

Se trata de la ´señoría´, Sandra Sánchez Covarrubias, una juez de oralidad que ayer sospechosamente dejó en libertad a cuatro exfuncionarios del sexenio pasado que están siendo acusados por la Fiscalía de Nayarit de haberse robado casi 80 millones de pesos del Fondo de Fomento Industrial Estatal, mejor conocido como ´FONAY´.

En efecto,  la juez Sandra Sánchez Covarrubias, otorgó la libertad a Federico Gutiérrez Villalobos, exsecretario de Economía; Lázaro Valerio Esquinca y Alejandro Hernández Grimm, exdirectores de FONAY, tras solo pedirles que dejaran una garantía de un millón de pesos y solicitarles que fueran cada 15 días a firmar mientras dura el proceso en su contra.

Los exservidores públicos del sexenio pasado, adscritos al área de economía, están acusados por la Auditoría Superior de Fiscalización de Nayarit (ASEN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado, de desviar, robarse o hacer mal uso de casi 80 millones de pesos, por lo que resultó infame y muy sospechoso de corrupción, el hecho de que la representante del poder judicial los dejara en libertad por tan solo un millón de pesos en fianza.

Muy a pesar que la representante de Fiscalía pidió como medidas cautelares para que no evadieran la acción de la justicia, que quedaran en prisión preventiva, que les quitaran los pasaportes para que no huyeran del país y que al menos les pidieran como fianza la mitad de lo que se les acusa, la juez, pasó por encima de la ley y los dejó en libertad.

Los cuatro exservidores públicos de la anterior administración estatal, están acusados de los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado, ilícitos que sí prevén pena punitiva de la libertad, según el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Peor aún, el monto de la reparación del daño que casi llega a los 80 millones de pesos, resulta más atractivo para que los acusados puedan huir del país y sustraerse de la acción de la justicia con la finalidad de no devolver el dinero y menos el de quedar en la prisión.

Con la acción de la juez, Sánchez Covarrubias, que está bajo el mando del magistrado Ismael González Parra, los acusados ahora que están libres pueden obstaculizar el desarrollo de la investigación en su contra porque pudieran destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas que están ahorita en su contra, así como ponerse de acuerdo con los co-imputados, sobornaro o amenazar a testigos, peritos y demás personas que pudieran intervenir en su contra.

La decisión de la juez de oralidad en mención, queda más en entredicho porque a nivel nacional se está tratando de evitar que este tipo de delincuentes queden en la impunidad, y para ello se reformó el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el delito de Ejercicio Indebido de Funciones es parte de la corrupción que tanto daño han hecho a Nayarit y a nuestro país.

Un dato como ejemplo que da sospecha de la acción de la juez Sandra Sánchez Covarrubias: Si se toma en cuenta la penalidad del ilícito de Ejercicio Indebido de Funciones, en lo individual, la media aritmética corresponde a siete años, lo que hace casi nula la posibilidad de que pudieran alcanzar el beneficio de la conmutación si se les declarara culpable en la etapa procesal correspondiente. Con esta penalidad, al inculpado se le impide la posibilidad de someterse a una suspensión condicional a proceso.

Sin embargo, ahora, los cuatro exservidores públicos podrían evadir la acción de la justicia pues la reparación del daño, que son casi 80 millones de pesos, es muy tentador para ellos, porque el devolver o reparar esa gran cantidad de dinero está comprobadísimo que genera una actitud negativa en el ánimo del acusado, es decir, que pudiera ya no comparecer y someterse ante el órgano jurisdiccional y así evitar la acción de la justicia.

OTROS CASOS RAROS

Tras investigar a la juez de oralidad, Sandra Sánchez Covarrubias, se encontró que ella es la misma autoridad que se negó a imponer prisión a Milton Arturo Romero González, compadre y operador financiero del exrector Juan López Salazar, ambos acusados junto a otros testaferros de haber desviado unos mil millones de pesos de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).

Según datos allegados a esta casa editora, en la misma juez cayó el caso de los presuntos desvíos de dinero de la UAN que Milton Arturo Romero González, Juan López Salazar y demás compinches hicieron en el año 2015. En ese entonces, la misma representante del Poder Judicial Estatal impuso la ridícula cantidad de 2 millones de pesos como garantía, dinero que por cierto no depositó nadie, y no obstante, la juez se negó también a modificar su sentencia.




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